La Justicia frenó la designación de Ugolini*

El magistrado Guillermo Scheibler dictó una medida cautelar solicitada por Proyecto Sur para impugnar el pliego del macrismo, aunque el fallo sería apelado. La oposición y diversas organizaciones sostienen que la fiscal no puede encabezar Tribunal Superior de la Ciudad por su falta de idoneidad moral y técnica y su patrimonio nunca aclarado.

Luego de las denuncias y críticas contra la candidatura de Daniela Bruna Ugolini para ocupar la presidencia del Superior Tribunal porteño, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Guillermo Martín Scheibler, hizo lugar a un amparo presentado por Proyecto Sur y frenó el nombramiento que el macrismo ya había enviado a la Legislatura.

De esta forma, Scheibler ordenó en primera instancia “no innovar en el procedimiento de nominación en curso y abstenerse de realizar todo acto que implique un avance en el desarrollo del procedimiento de nominación, hasta tanto se dicte sentencia". Sin embargo, se espera en las próximas horas una apelación del Gobierno porteño.

El diputado electo por Proyecto Sur, Rafael Gentili, dijo que “es una burla porque las autoridades porteñas presentaron la candidatura antes de la renuncia del anterior juez, Julio Maier, para que la idoneidad de la nueva jueza no sea discutida por los legisladores electos que entran en funciones a partir del 10 de diciembre”.

“Para el macrismo, los derechos son papel pintado, sólo respetan el derecho a la propiedad”, se quejó.

Desde diferentes organismos de Derechos Humanos han cuestionado a Ugolini por su trayectoria como fiscal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y procuradora. Entre otras cuestiones, le achacan que sus dictámenes van en detrimento de los derechos humanos y sociales.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones denunciaron en P&M que Ugolini “no cumple con los requisitos de idoneidad técnica y moral, independencia de criterio y compromiso con los derechos humanos”.

Además, remarcaron que la fiscal avaló el cierre de la muestra del artista León Ferrari, por exigencias de la Iglesia Católica; dictaminó que la instalación de carpas del kirchnerismo frente al Congreso en plena puja con los sectores rurales no era legal y “redujo los derechos a la vivienda a la nada”.

Por su parte, Gentili agregó que “Ugolini expresa una escuela jurídica que atrasa 50 años, que dice que hay cuestiones políticas no judiciales. Niega la existencia de los derechos económicos y sociales, desconoció a ATE como gremio para presentarse a paritarias con el Gobierno de la Ciudad y convalidó los despidos de Macri al inicio de su gestión”.

Las impugnaciones de los organismos sociales y de la oposición van por vías separadas, pero ambos protestan por la falta de claridad acerca del abultado patrimonio de Ugolini.

“Según averiguamos, es accionista de sociedades anónimas y no tiene nada a su nombre. Tiene un patrimonio de 500 mil dólares y vive en una casa escriturada en 320 mil dólares a nombre de una sociedad de la que ella tiene el 50 % de las acciones, y posee además propiedades en Bariloche. Una persona que hizo toda su carrera en el Gobierno de la Ciudad o el poder judicial debería explicar, por delicadeza, cómo obtuvo ese patrimonio”, aseguraron.

De todas formas, el macrismo sostiene a su candidata, niega las acusaciones y ya prepara la apelación contra la medida impuesta por Scheibler.

Para seguir adelante, el Gobierno de la Ciudad cosecha algunos apoyos resonantes: el ex presidente Fernando de la Rúa; el ex ministro de Justicia menemista, Rodolfo Barra; el ex juez de la Corte Suprema de Justicia y amigo personal de Carlos Menem, Adolfo Vázquez; el abogado delarruista y ex asesor Legal y técnico, Virgilio Loiácono, que también fue asesor gubernamental en la última dictadura militar; el ex procurador y también delarruista, Ernesto Marcer; y algunos otros funcionarios y ex funcionarios. La mayoría de ellos con causas o sospechas en su haber.

*Nota publicada también en Política y Medios.