Este miércoles la Cámara Baja tratará el proyecto de
ley de arrendamiento que fue discutida el año pasado en la Comisión de Agricultura y Ganadería, en donde recibió la aprobación de todos los bloques.
Esta iniciativa, que fue elaborada por la
Federación Agraria Argentina (FAA) y presentada por el titular del bloque Solidaridad e Igualdad (SI), Eduardo Macaluse, propone limitar los arrendamientos, con el objetivo de controlar los pooles de siembra.
De esta manera, se busca impedir la concentración de tierras en base a un reclamo que confronta los intereses particulares de las entidades de la Mesa de Enlace, particularmente entre la patronal que lidera el santafesino Eduardo Buzzi, por un lado, y la Sociedad Rural y la CRA, por el otro.
La ley presentó disidencias parciales de los bloques del radicalismo, ARI, GEN, el socialismo y Proyecto Sur, a quienes se les pidió que expliciten sus diferencias para que el proyecto se pueda modificar y llegue al recinto el miércoles con el mayor consenso posible.
"Es un proyecto importante que trajo FAA que le va poniendo un límite a estos contratos anuales que tanto daño le están haciendo, a través del monocultivo de soja, a las economías del país y al suelo", explicó el presidente de la Comisión, el diputado de Frente Para la Victoria (FPV),
Eduardo Cantero.
El proyecto "recoge la necesidad de los chacareros y contratista que tienen capacidad de trabajo y que están siendo expulsados por estos grandes pooles de siembra que no dejan tierras sin usar para el monocultivo de soja", agregó el legislador oficialista.
La iniciativa modifica la actual ley de Arrendamiento Rural, elaborada en 1948 para regular los contratos de alquiler de los campos. Entre otras cosas, establece un término temporal definido para los nuevos contratos, amplía los derechos de los arrendatarios, regula los precios en base a lo que se produzca en los campos, impulsa la conservación de los recursos y desalienta la explotación de tierras por parte de los pooles de siembra.
Las diferencias fundamentales con la oposición están vinculadas al nuevo plazo mínimo de cinco años para cada arrendamiento: "Algunos nos platean que tendría que ser algo menos. Después veremos si serán cinco, cuatro o tres año, lo acordaremos mañana esto", sostuvo Cantero.
"El otro tema que se esta planteando es que se precisen todas los compromisos de control del deterioro de los suelos porque por ahí se necesitan en la parte química que se le echa al suelo para su conservación", añadió el diputado.
Además, la ley pone límites a la superficie máxima que puede tener un arrendatario. En este sentido, Cantero afirmó que "en el proyecto de FAA que tomó el diputado Macalusse la superficie máxima por empresa agropecuaria a arrendar es de 10 unidades económicas; si la unidad económica es de 200 hectáreas, la superficie máxima tendría que ser 4 mil hectáreas. Hay diputados que plantean que en vez de que sean en vez de 10 veces que sea 15 veces".
Por su parte, Macalusse defendió el nuevo plazo de arrendamiento. "Promover contratos de cinco años o más es para garantizar estabilidad, protegiendo la agricultura familiar y a los pequeños productores para que puedan quedarse en su lugar de origen, donde han trabajado siempre", dijo.
Además, recordó que el proyecto contiene "reglas estables, razonables, una buena parte de los usos y costumbres".
El único bloque que se mostró totalmente intransigente a la aprobación de la norma fue la bancada del PRO, que definió la iniciativa como "desprolija y mala", según dijo el diputado
Christian Gribaudo.
El legislador se quejó de que la ley fue "firmada por la Comisión de Agricultura y por la de la Legislación General en 40 minutos. Esto es una desprolijidad, ni se trato el tema, no pudimos ni discutirlo. Es un muy mal proyecto que tiene miles de observaciones que no pudimos hacer en comisión y que tendremos que hacer en el recinto el miércoles".
Según Gribaudo, "el tema del arrendamiento no es nada urgente" porque "este proyecto es intervencionista, rugulativista… uno va a tener que liquidar el campo por tanta cantidad de plata", dejando "al que alquila con más derechos que el que dueño de campo".
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